Argentina: mediante causa cerrada, el “Partido Judicial” busca encarcelar a Cristina Fernández

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 8 de junio de 2025, p. 17

Buenos Aires., Recurriendo a la ofensiva más larga de la historia argentina, el Partido Judicial intenta condenar a cárcel a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una causa cerrada por falta de pruebas y reabierta por jueces aliados al gobierno derechista de Mauricio Macri (2015–2019), que sostenía una presunta recepción de coimas para otorgar la licitación de una obra pública en la provincia de Santa Cruz –en el extremo sur– por la ex mandataria e importantes funcionarios, lo que nunca existió y no se pudo demostrar.

El caso, conocido como Causa vialidad, se transformó en emblema del uso del aparato judicial como herramienta de persecución política. A pesar de años de investigación y del intento de instalar mediáticamente un relato de corrupción, no se logró presentar una sola prueba directa que vinculara a Fernández de Kirchner con los delitos que se le atribuyen. Empresarios y funcionarios presionados para declarar en su contra señalaron que, en realidad, las condiciones geográficas y logísticas de la provincia de Santa Cruz hacían inviable que empresas ajenas a la región compitieran en igualdad de condiciones en las licitaciones.

La explicación técnica, sustentada en informes oficiales y testimonios coincidentes, fue ignorada por los grandes medios de comunicación y sectores del Poder Judicial que, desde el macrismo, impulsaron una narrativa orientada a erosionar la imagen de la ex mandataria. Se trató, según sus defensores, de una operación coordinada entre medios, jueces y servicios de inteligencia para inhabilitar políticamente a una de las figuras más influyentes del país.

La persecución se inscribe en una estrategia regional más amplia: el lawfare o guerra judicial, utilizada contra líderes progresistas de América Latina, como Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. El objetivo común: destruir moralmente a los dirigentes populares, alejarlos del juego político e instalar la idea de que todo proyecto nacional y popular es sinónimo de corrupción.

Esta forma de guerra sin armas –como definieron teóricos militares estadunidenses– forma parte de la guerra de cuarta generación: combinación de operaciones sicológicas, manipulación mediática y judicialización de la política. La región, víctima en el siglo XX del saqueo imperial de dictaduras apoyadas por Estados Unidos y de políticas neoliberales impuestas por el FMI, vive ahora una nueva forma de colonización que busca disciplinar a los gobiernos que intentan ejercer soberanía sobre sus recursos y defender los derechos de sus pueblos.

No puede dejar de mencionarse el intento de magnicidio que sufrió Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, hecho gravísimo que fue rápidamente banalizado por los medios oficialistas. Este atentado evidenció hasta dónde puede escalar la violencia política en un contexto de polarización extrema y estigmatización constante.

El resurgimiento de la ofensiva judicial se da en un momento político crítico: la presidencia de Javier Milei. En apenas año y medio, su gobierno impulsó un proceso de desguace del Estado; desregulación de la economía; recortes a la educación, la salud, la ciencia y la cultura, y un vaciamiento simbólico de las instituciones democráticas.

En este contexto, el procurador general interino Eduardo Casal –cuya permanencia en el cargo ya genera cuestionamientos constitucionales– solicitó a la Corte Suprema una condena de 12 años para Fernández de Kirchner, maniobra que reactiva una causa ya debilitada, en un momento en que la figura de la ex mandataria sigue siendo central en la oposición a la ultraderecha de Milei.

Casal avaló un recurso de queja del fiscal Mario Villar, lo que generó la reacción inmediata del abogado de la ex presidenta, Manuel Ubeira, quien denunció un uso ilegítimo del derecho. Quieren sacarla de la arena política porque no lograron aprobar la ley de Ficha Limpia. Como eso no prosperó, ahora recurren a este atajo jurídico para apartarla, explicó.

La protesta de Grabois y la defensa de la memoria

En paralelo, en las últimas horas, el dirigente social y abogado Juan Grabois fue detenido en Buenos Aires, mientras encabezaba una protesta en la antigua residencia de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, donde hasta hace poco funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, disuelto por el gobierno de Milei.

Grabois explicó que la toma del edificio tuvo carácter simbólico: Aquí, los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años, y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace siete días.