Avanzan en el Senado reformas contra lavado

Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Jueves 19 de junio de 2025, p. 18

En comisiones del Senado se aprobaron ayer reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el fin de fortalecer el combate a ese delito e impedir el financiamiento al terrorismo.

El dictamen, aprobado por Morena y sus aliados y la abstención de la oposición, amplía la lista de actividades vulnerables, al incluir la compraventa de activos virtuales (criptomonedas), los desarrollos inmobiliarios y las operaciones de fideicomisos, entre otras.

También obliga a reportar quiénes son los beneficiarios finales de transacciones relevantes y a documentar la identidad de los actores involucrados.

Durante la sesión de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano dijeron estar a favor del propósito de esta modificación legislativa, pero expresaron preocupación por algunos puntos, por lo cual se abstuvieron en la votación.

Carolina Viggiano, del PRI, expuso que en la iniciativa se plantea el uso de la Guardia Nacional para investigar el lavado de dinero, pero sin control del Ministerio Público. Sin supervisión judicial, los militares podrán vigilar cuentas sospechosas sin que exista una carpeta de investigación de por medio.

Criticó que se consideren personas que realizan actividades vulnerables a las organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito es el sostenimiento de asilos, orfanatos y bancos de alimentos, entre otras. Mientras, Alejandra Barrales, de MC consideró que esta reforma contribuye con las acciones del gobierno de Estados Unidos en contra de los cárteles de la droga, a los que ya clasificó como organizaciones terroristas.

Guadalupe Murguía, del PAN, criticó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda solicitar información de las personas sin orden judicial a cualesquiera instituciones federales, estatales, bancarias o al Instituto Nacional Electoral, pues ello constituye una violación a los derechos humanos.