Lágrimas y repudio a las políticas antimigrantes en Estados Unidos

▲ Un grupo de manifestantes confronta a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y de la Oficina Federal de Investigación que llevan a cabo una operación en Minneápolis, Minnesota.Foto Ap

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de junio de 2025, p. 21

Nueva York y Washington. Los gritos de una pequeña niña mientras agentes federales armados y enmascarados rodean y esposan a su madre, el llanto de familiares que ven indefensos cómo se llevan a un padre al salir de un tribunal de inmigración en Nueva York o San Francisco y las redadas en Florida para detener a trabajadores de la construcción son imágenes que se repiten en varias partes del país, y cuya característica común es la crueldad.

Lo que parecen equipos antimotines o paramilitares armados no son necesarios para arrestar a una madre, a un empleado en un restaurante, a alguien que acudió a un tribunal de inmigración. El despliegue está diseñado como espectáculo de terror, para sembrar zozobra. Y funciona. Los perseguidos son los más vulnerables. Los videos de estos acontecimientos se vuelven virales y tienen doble filo: por un lado, buscan documentar lo que frecuentemente son operaciones que violan la ley y el derecho al debido proceso; por otro, ayudan a propagar el terror oficial.

Y el miedo está en todas las conversaciones con inmigrantes, de costa a costa. En entrevistas, padres y madres cuentan que ya no viven sólo en las sombras, sino en la incertidumbre constante, sobre todo por lo que pasará con sus hijos si los padres son detenidos y deportados. Los hijos preguntan una y otra vez qué podría suceder cada día que se van a la escuela, o miran a sus progenitores ir al trabajo. Es inevitable pensar que quizás sea la última vez que los vean, o que no estarán cuando regresen a su casa. Todos los días.

Una madre llora mientras varios agentes enmascarados la arrestan en San Antonio, Texas, frente a su hijo de unos siete años, quien valientemente intentó consolarla. Tranquila, ma. Aquí estoy. Los agentes la suben a una camioneta para llevársela a un centro de detención.

¡Por favor, por favor! ¡Están solos mis hijos!, llora una inmigrante mientras agentes la esposan para llevársela al salir de una cita en un tribunal de inmigración en San Antonio (https://www.instagram.com/reel/DKTDhlbt5zL/?igsh=MXFmNG45anhwZG9vbA%3D%3D). Esta es la táctica de moda: poner agentes a las salidas de los juzgados de inmigración y capturar a aquellos que están cumpliendo con los requisitos de presentar sus solicitudes de asilo o de obtener un permiso de residencia. A los agentes se les informa cuando los jueces –que no forman parte del Poder Judicial, sino del Ejecutivo, pues son empleados del Departamento de Justicia– descartan las solicitudes y con ello el solicitante queda vulnerable y es detenido.

A su vez, el gobierno de Trump sigue buscando anular programas y leyes que han logrado proteger a comunidades inmigrantes. Su gobierno ha repetido que buscará castigar a ciudades, condados y estados que se proclamen santuarios (donde por orden o ley local se prohíbe la cooperación de fuerzas de seguridad locales con las agencias de migración federales) y los acusa de ofrecer refugio a criminales y de poner en riesgo la seguridad nacional. Varias de las operaciones antimigrantes de alto perfil se llevan a cabo en esas entidades, afirmó Tom Homan, el llamado zar fronterizo.

Hace unos días el Departamento de Seguridad Interna publicó en su sitio una lista de unas 500 jurisdicciones santuarios y advirtió que enfrentarían consecuencias, pero unos días después la lista desapareció. Aparentemente estaba llena de errores, como la inclusión de entidades que están cooperando plenamente con el gobierno federal. Sin embargo, esta iniciativa es parte de la ofensiva antimigrante de la Casa Blanca a todos los niveles.

El gobierno también ha anulado sistemáticamente protecciones temporales obtenidas por más de 350 mil venezolanos y decenas de miles de haitianos, cubanos y nicaragüenses, entre otros. Algunas de estas medidas están procediendo, otras están detenidas por ahora en disputas y demandas ante los tribunales. Mientras tanto, casi un millón de inmigrantes que en años recientes usaron la famosa aplicación CBP One para solicitar asilo e ingresar a este país fueron notificados en abril de que deben irse de inmediato. Más aún, el gobierno amenaza con anular los permisos y visas de inmigrantes legales, y ya ha cancelado unas mil 500 visas de estudiantes extranjeros y hasta ha arrestado a algunos de estos alumnos por participar en protestas contra el genocidio de palestinos.

Aunque tanto del Departamento de Justicia como el de Seguridad Interna y la propia Casa Blanca insisten en que están concentrados en detener y deportar a criminales y personas que constituyen un peligro, en la práctica eso es falso. Todos los días, sea en cortes de migración, sitios de trabajo o residencias, gran parte de los detenidos no tienen antecedentes delictivos.

Las quejas de abusos y violaciones a derechos son constantes: los agentes llegan a una casa o departamento y entran por la fuerza o sacan a alguien de su automóvil sin mostrar la supuestamente obligatoria orden judicial. Las denuncias de estos atropellos no han logrado frenar a las autoridades.

Movilización ciudadana

Frente a la ausencia de respuesta de la cúpula política demócrata y de otros grupos (con notables excepciones), organizaciones locales y comunidades a lo largo del país se movilizan en defensa de vecinos y difunden información sobre los derechos básicos que tienen ante agentes de migración. Activistas avisan con altavoces cuando llega la migra, recuerdan a los residentes que no tienen que abrir sus puertas y pueden guardar silencio, entre otros derechos. En algunos casos, amigos y colonos estadunidenses obstaculizan la persecución de sus vecinos y los ayudan a evadir a los agentes. Activistas han sido arrestados frente a tribunales por confrontar a los agentes, como sucedió recientemente en Manhattan.

En una preparatoria en Milford, Massachusetts, cientos de estudiantes salieron de sus clases en protesta y para demandar que se libere a uno de sus compañeros, Marcelo, originario de Brasil, quien llegó a ese pueblo a los 5 años de edad y fue detenido por agentes de migración cuando viajaba con el equipo de volibol a una práctica.

Inmigrantes que promovieron el voto a favor de Trump –entre ellos venezolanos, cubanos y mexicanos– se asombran ahora de estar entre los perseguidos. Una latina que participó en actos de campaña de Trump y en uno de ellos le gritó ¡te amamos! mientras él la abrazaba, declara ahora: Fuimos totalmente traicionados y usados.

“¿Dónde están los gobiernos que dicen que protegen los derechos de los inmigrantes? Al parecer sólo les importa la lana, las remesas”, se queja un veterano de la lucha de los inmigrantes en California entrevistado por La Jornada. Señala que en el proyecto de ley que incluye el impuesto de 3.5 por ciento a las remesas hay una serie de propuestas contra las comunidades inmigrantes, pero eso no se está denunciando en México, Centroamérica o Sudamérica.