Militares vigilan calles de Lima y El Callao

Sputnik, Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada
Jueves 23 de octubre de 2025, p. 30

Lima. El gobierno de Perú desplegó ayer a militares en las calles de Lima tras la declaración del estado de emergencia hecho por el presidente José Jerí, quien suspendió varios derechos constitucionales, en los que se incluyen las protestas; el mandatario considera la posibilidad de aplicar el toque de queda en la capital para que la policía enfrente la ola de criminalidad, en medio del escepticismo generalizado de la población frente a este tipo de medidas.

Durante el primer día del estado de emergencia, la policía comenzó también a pedir documentos de identidad en calles y autobuses de la capital y la ciudad de El Callao.

“Ya ha habido varios estados de emergencia; las extorsiones siguen, los asesinatos no paran”, afirmó Manuel Timoteo, vecino del norte de Lima, donde abunda el crimen. “Salen los soldados unos días, se paran con sus fusiles en una esquina, se van y todo sigue igual”, agregó.

Restricciones a motociclistas

La emergencia incluye la disminución de visitas a los reos, el recorte del suministro eléctrico en las celdas con excepción de la iluminación y la destrucción de antenas telefónicas ilegales cerca de las cárceles. Además, se prohibió que dos adultos viajen en motocicleta debido a la gran cantidad de crímenes que se cometen por tripulantes de estos vehículos.

A una semana de una multitudinaria protesta de la generación Z que exigía la renuncia de Jerí, en la cual un manifestante fue asesinado por la policía y otro civil resultó con fractura craneal grave, el gobierno también suspendió los derechos a reunirse y a protestar.

La víspera, tras anunciar el estado de emergencia, Jerí no aclaró si pedirá al Parlamento que se deroguen seis leyes –por las cuales votó a favor mientras fue legislador– que, según los expertos, debilitaron la lucha contra el crimen y son rechazadas en las protestas.

Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre cuando, como presidente del Congreso, tomó el lugar de la depuesta mandataria de facto Dina Boluarte, quien fue destituida por el Parlamento en medio de un desplome en sus índices de aprobación.

En marzo pasado, el gobierno de Boluarte decretó un estado de excepción que se extendió hasta mayo, medida que fue duramente criticada por su ineficacia en el combate a los grupos criminales que extorsionan a los pequeños empresarios y asesinan a trabajadores del transporte público, incluso frente a sus pasajeros.